La estatal de petróleo y gas de Brasil, Petrobras dijo que había sido notificada de las medidas cautelares emitidas por el Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro que determinaron el mantenimiento de las condiciones de los contratos celebrados entre Petrobras y las distribuidoras estatales (CEG y CEG RIO), cuyo plazo finalizará este 31/12/2021, «impidiendo la adecuación de los precios a la realidad actual de la industria del gas a partir de enero/2022».
En un comunicado, Petrobras dijo que también se habían dictado medidas cautelares similares para mantener las condiciones contractuales relativas a las distribuidoras CEGÁS (Companhia de Gás do Ceará), SERGÁS (Sergipe Gás SA) y ALGÁS (Gás de Alagoas SA), cuyos respectivos contratos también vencen el 31/12/2021.
Al respecto, Petrobras aclaró que cumple con sus contratos de venta de gas a través de un portafolio de ofertas conformado por producción nacional e importación de gas de Bolivia y Gas Natural Licuado – GNL. La alta demanda de GNL y la limitada oferta internacional dieron como resultado un aumento significativo en el precio internacional del insumo, que aumentó alrededor de un 500% en 2021.
La compañía dijo además que durante varios meses, se ha comprometido, de buena fe, en la negociación de nuevos contratos con varias distribuidoras.
«Para ofrecer mejores condiciones a los clientes, Petrobras ofreció a las distribuidoras de gas natural productos con plazos de 6 meses, 1 año, 2 años y 4 años y mecanismos contractuales para reducir la volatilidad de precios, como, por ejemplo, índices de referencia vinculados al GNL y Brent, opción de pago a plazos y posibilidad de reducción de volúmenes en contratos de mayor duración» indica el comunicado.
Sorprendida por la medida
Petrobras dijo que, a pesar del proceso de negociación llevado a cabo entre Petrobras y las distribuidoras, como estaba previsto en cualquier relación comercial y en cumplimiento de lo establecido en las Licitaciones Públicas, estaba sorprendida por la judicialización del asunto.
La petrolera manifestó que entiende que estas decisiones atentan contra la seguridad jurídica del entorno empresarial, interfiriendo con la libre formación de precios, poniendo en riesgo la implementación de la apertura del mercado de gas natural en Brasil y la atracción de inversiones en el país.
Agregando «Para ejemplificar la competencia que se ha establecido en el mercado, es posible citar varias noticias sobre la existencia de contratos efectivos a partir del 01/01/2022, firmados por distribuidores y consumidores libres con otros proveedores, como Shell, Petrogal, Potiguar E&P, entre otros. Además, estos productores firmaron contratos con Transportadora (TAG) para llevar su gas al mercado de consumo».
Finalmente, Petrobras indicó que «adoptará todas las medidas legales apropiadas en relación con los casos judiciales reportados».
