En un momento de crisis hídrica (sobre todo ante el fantasma del racionamiento), la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria son puntos clave para el mercado energético de Brasil.
En un sector que requiere de capital intensivo y demanda proyectos técnicos a largo plazo, con un tiempo promedio de maduración de 4 a 6 años para su entrada en funcionamiento, las inversiones tienden a tener un tiempo de retorno prolongado.
En este contexto, es importante recordar que la creación de agencias reguladoras ha sido un arduo logro en Brasil, resultado de una cuidadosa reforma administrativa, con el objetivo de aislar de las presiones políticas el funcionamiento de las áreas estructurantes para el Estado, permitiendo una planificación profusa, conciliando la modestia tarifaria y la excelencia operativa.
Por lo tanto, la regulación en Brasil ha sido esencial para dar confianza a los agentes del mercado. Y en el sector del gas natural no es diferente. Cabe destacar que este eslabón de la cadena energética ha estado experimentando transformaciones relevantes en los últimos 2 años, catapultados por el programa Novo Mercado de Gás en 2019.
Así surgió el Acuerdo de Compromiso de Cesación (TCC) entre Petrobras y Cade, acuerdo que estableció una agenda integral de dinvestment de la empresa estatal, proceso que aún está en curso; y, no menos importante, el nuevo marco legal del sector, la Ley Nº 14.134, sancionada el 8 de abril de este año.
Por lo tanto, con la nueva disposición legal, es normal que veamos avances en la normativa estatal. Algunos estados, es cierto, quemaron el inicio, y de 2019 a 2020, en la necesidad de jugar un papel protagónico, buscaron crear regulaciones de manera apresurada, sin el debido análisis de impacto regulatorio o la recolección de datos concretos para medir las consecuencias económicas de esas medidas.
La amenaza, debidamente alertada, era la falta a los contratos de concesión y el riesgo de judicialización, debido principalmente a la posibilidad, aún existente, de afrenta a las disposiciones del § 2 del artículo 25 de la Constitución Federal de 1988, donde la competencia de los estados para regular los servicios de distribución de gas canalizado está plenamente configurada.
En cualquier caso, es legítimo que un movimiento mejore el marco a nivel estatal, dada la autonomía de estas entidades para elaborar sus normas relativas a dichos servicios.
Ejecutar tales cambios en Brasil siempre ha sido un desafío. Sin embargo, la recomendación siempre forma parte del estudio de las mejores referencias y una de ellas es, sin duda, Arsesp (Agencia Reguladora de los Servicios Públicos del Estado de São Paulo).
Sucesora de CSPE (Comisión de Servicios Públicos de Energía), Arsesp, desde su creación en 2007, ha sido señalada como referencia y ha demostrado capacidad para ejercer su rol con autonomía, dentro de las presiones políticas —uno de los pilares, por ejemplo, de la Ley de Agencias Reguladoras (Ley N° 13.848, de 25 de junio de 2019).
Esta ley federal prevé elementos como la gestión, la organización, la adopción de decisiones y el control social de los organismos reguladores, creando un régimen uniforme. El marco dio sustancia para promover la integración entre 11 agencias federales en Brasil (ANEEL, ANP, Anatel, Anvisa, ANS, ANA, Antaq, ANTT, Ancine, Anac y ANM), así como entre los organismos reguladores estatales, distritales y municipales.
Uno de los instrumentos adoptados en Brasil fue la realización de procesos conjuntos de edición normativa e intercambio de experiencias, información, además de la descentralización de las actividades de supervisión, sanción y arbitraje.
Esta regla es interesante, porque es evidente que existe una disparidad estructural entre las agencias estatales, y las responsabilidades diarias. Por definición, las agencias reguladoras tienen la función de ejercer la supervisión, regulación y control de productos y servicios de interés público. En esta tarea, el equipo técnico se encuentra en el fondo de muchas preguntas desafiantes, que eventualmente fueron objeto de análisis previos en otras plazas.
Por esta misma parte, la Ley Nº 13.848 de Brasil tiene el objetivo de estimular los acuerdos de cooperación. En el sector del gas natural en particular, no tiene mucho sentido inventar la rueda.
Arsesp nació en un escenario con un mercado de gas basado en una lógica diferente, con empresas controladas por el sector privado, que es la tendencia nacional en la medida en que se adelanta el proceso de desinversión de Gaspetro, que venderá su participación en 19 empresas distribuidoras de gas natural de las 27 incorporadas en el país.
En estos más de 13 años de operación, la agencia ha demostrado una envidiable capacidad técnica para enfrentar temas extremadamente complejos, como las revisiones tarifarias.
Lo más relevante es que este trabajo ha estimulado un desarrollo significativo del mercado estatal, con una mejora progresiva en todos los indicadores regulatorios , desde la expansión de la red de distribución hasta los índices de atención al cliente y la velocidad en la respuesta a las llamadas de emergencia, lo que resulta en un flujo de inversión que ya ha superado los R$ 10 mil millones desde que la entonces Compañía de Gas de São Paulo fue desmembrada en 3 áreas de concesión, convirtiéndose en 3 marcas: Comgás, GasBrasiliano y São Paulo Sul (pertenecientes al grupo Naturgy).
Los números no son paralelos en Brasil. Hay más de 2,2 millones de clientes atendidos en un entorno de estabilidad regulatoria y previsibilidad, lo que valora el papel de los concesionarios de distribución como inductores del desarrollo.
Una visión regulatoria independiente, más profesional y menos susceptible a las presiones de los más variados, es esencial para un nuevo mercado de gas saludable, que brinde servicios de calidad, con eficiencia, seguridad y tarifas justas, sin perjuicio del indispensable equilibrio económico y financiero de la concesión.
Con la consolidación del nuevo mercado del gas, los distribuidores tendrán un papel aún más importante. Son los que fortalecerán la infraestructura, promoverán la universalización del consumo y fomentarán nuevas inversiones.
Cada Estado, por supuesto, tiene plena autonomía para seguir su modelo. Pero como estudioso del derecho, diría que observar buenos precedentes es sin duda un buen atajo.
Fuente: Poder 360 | Gustavo de Marchi
