La Nueva Ley del Gas de Brasil ha otorgado a la industria una mayor estabilidad legal y mejorado el panorama de la demanda. Sin embargo, aún está por definir una normativa que organice las empresas de distribución estatales, aumente el acceso a los gasoductos e integre el sector de la electricidad, según afirmaron ejecutivos de la industria el pasado 24 de mayo en un seminario web celebrado durante la Semana de Gas 2021.
«La Nueva Ley del Gas es un hito importante. Otorga seguridad legal, pero tiene que contener más detalles porque la ley, por sí sola, solo proporciona los principios generales», afirmó Sylvie D’Apote, directora de gas natural del Instituto Brasileño del Petróleo (IBP).
Los ejecutivos pidieron al Gobierno, las agencias reguladoras, las empresas del sector petrolero y los proveedores de servicios que sigan colaborando durante la transición del país hacia un mercado del gas abierto, competitivo y sostenible. El 1 de enero de 2022 es el fin del plazo que el Gobierno de Brasil ha marcado durante el que los productores de gas del país tendrán permiso para vender sin restricción su producción en el mercado interno, lo que pondrá fin al monopolio de la estatal Petrobras.
El primero paso concreto en este sentido se espera para mediados de 2021, cuando el Ministerio de Minas y Energía tiene previsto publicar regulaciones relacionadas con la Nueva Ley del Gas que ha aprobado el Congreso. El ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, indicó que la legislación estará lista para junio.
Las nuevas resoluciones probablemente se basarán en la normativa de la Agencia Nacional del Petróleo de Brasil (ANP) y los organismos reguladores estatales. La ANP gestionará la regulación del sector del gas de Brasil a nivel nacional.
Los estados desempeñarán un papel clave en la transición, y varios ya han dado paso para liberalizar los mercados locales del gas y acabar con el control de las empresas de distribución. Aunque estados como los de Bahía y Río de Janeiro ya han sentado la base para un mercado abierto, otros estados siguen aferrándose al anterior modelo de desarrollo, según D’Apote. Esta situación podría dificultar el desarrollo, en particular si las regulaciones estatales no se ajustan a la Nueva Ley del Gas.
El Gobierno federal supervisa la producción, la exportación, el procesamiento y el transporte de gas natural. Sin embargo, la distribución es responsabilidad del Gobierno de cada estado. Petrobras también desempeñará un papel porque debe vender su participación mayoritaria en Gaspetro, una sociedad instrumental que sigue poseyendo la participación de Petrobras en las empresas estatales de distribución de gas.
«Es muy complejo, pero tenemos que armonizar las regulaciones estatales y federales», señaló Mariano Ferrari, consejero delegado de Repsol Sinopec Brasil.
Entre las posibles mejoras se cuenta una normativa más flexible para determinar qué empresas se consideran consumidores libres que pueden formar acuerdos de compras con los productores de gas, según los ejecutivos. D’Apote indicó que un mayor número de consumidores libres ayudarían a afianzar posibles inversiones en proyectos de gas y llevarían a un ciclo virtuoso de crecimiento de los proveedores.
Brasil también necesita implementar el modelo de entrada y salida para el transporte de gas, que permitiría a los productores realizar envíos de gas por todo Brasil a través de los casi 10.000 km de gasoductos. De acuerdo con los términos del acuerdo antimonopolio que acabó con su monopolio en el segmento del gas, Petrobras vendió recientemente sus participaciones en las redes de gasoductos Nova Transportadora do Sudeste (NTS) y Transportadora Associada de Gas (TAG).
Las empresas petroleras necesitarán tener disponible capacidad de gasoducto firme y estable para la producción de gas a fin de poder realizar las entregas al mercado, según los ejecutivos.
D’Apote señaló además que Brasil tiene que establecer un vínculo mejor entre la generación de electricidad y el sector del gas, lo que podría resultar beneficioso para ambos. Brasil necesita centrales térmicas de gas en su base de generación para satisfacer la demanda de electricidad, en particular durante la temporada de sequía, en la que disminuye la generación de las centrales hidroeléctricas del país. Hasta el momento, los esfuerzos por llevar a cabo reformas se han topado con dudas sobre el aumento de los precios.
No es solo que la normativa esté cambiando en Brasil, sino que la pandemia del coronavirus también ha acelerado la transición del mundo hacia un entorno con menos emisiones de dióxido de carbono, según varios ejecutivos. El gas puede ayudar a Brasil a desarrollarse económicamente.
«Brasil está frente a una oportunidad única para generar valor y beneficiarse de sus recursos naturales, muy abundantes», indicó Verónica Coelho, directora nacional de Equinor en Brasil. Coelho instó a adoptar una estrategia «pragmática» para encontrar soluciones que beneficien a la totalidad del mercado.
«Ahora tenemos que adoptar una postura más holística y menos particular a los estados», afirmó Coelho.
Fuente: S&P Global Platts
