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«El desvío de gas contratado por Brasil a Argentina es otro episodio de irrespeto a los tratados internacionales en el comercio de gas en el Cono Sur, que prácticamente aniquiló la perspectiva de integración energética regional.»

Recientemente, las autoridades bolivianas anunciaron un nuevo contrato para la venta de gas a Argentina durante el invierno de 2022. El volumen de gas vendido a Argentina está socavando las exportaciones de gas acordadas con Brasil, en un momento en que el mercado internacional de GNL está muy ajustado, con precios a niveles nunca antes vistos. De hecho, esta fue la razón principal que llevó a Argentina a mirar a Bolivia en busca de gas más barato que el GNL en el mercado internacional.

La venta de gas ya contratada por Brasil a Argentina tiene el potencial de traer grandes pérdidas a Petrobras, que tiene un contrato a largo plazo (hasta 2026) para importar 20 millones de metros cúbicos por día (Mm³/día). El contrato de importación de gas boliviano tiene un precio de alrededor del 10% del valor del petróleo Brent (esto es alrededor de 11 dólares por MMBtu a los precios actuales de Brent), mientras que el GNL en el mercado spot ronda los 25 dólares por MMBtu.

Petrobras ha dejado claro que ve la reducción de las entregas de gas a Brasil como una actitud unilateral de YPFB en incumplimiento del contrato. Sin embargo, los bolivianos afirman que están cumpliendo con el contrato, ya que se pagarán las multas contractuales asociadas a las entregas reducidas de gas.

Esta actitud del gobierno boliviano de buscar la mejor oferta por un gas ya contratado ha generado un gran debate en la comunidad energética de Brasil. Por un lado, están quienes creen que la reventa de gas contratada por Brasil representa un incumplimiento de contrato. Y por el otro, están los que coinciden en que si los bolivianos corren con el costo de las multas contractuales, tienen derecho a revender el gas a quien quieran.

Frente la crisis energética mundial, el debate sobre el gas de Bolivia se limitó a los expertos en gas y no se profundizó adecuadamente. Sin embargo, el problema tiene dos dimensiones relevantes: contractual y política

En cuanto a la dimensión contractual, es importante señalar que un contrato complejo y de largo plazo como el contrato entre Petrobras e YPFB solo logra sus objetivos si las partes tienen intereses alineados. En esta perspectiva, además del cumplimiento formal del contrato, también está el cumplimiento de las intenciones del contrato. La “Teoría de los Contratos Incompletos” deja en claro que es imposible formalizar todas las contingencias posibles en relaciones económicas complejas. Por lo tanto, siempre existen lagunas en los contratos, y su cumplimiento va mucho más allá del respeto de normas explícitas. El desajuste en cuanto al cumplimiento de las intenciones del contrato tiende a conducir a un desgaste relacional entre las partes que invariablemente resulta en la judicialización de la relación.

En el contexto actual del mercado spot de GNL, prácticamente todos los vendedores de gas con contratos a largo plazo en Brasil y en el mercado internacional podrían ganar dinero revendiendo el gas a precios más altos en el mercado spot y pagando las multas contractuales por no entrega el gas. Entonces, ¿por qué la mayoría de los que podrían aprovechar esta oportunidad no lo hacen? Precisamente porque este comportamiento oportunista generaría un impacto en la reputación y un desajuste de intereses entre vendedor y comprador que podría afectar a la relación entre las partes durante el resto de la duración del contrato. Las oportunidades de ganancias de las fluctuaciones en el precio internacional del GNL pueden ocurrir para ambas partes. Solo recuerden que en 2020 Petrobras importó GNL a menos de US$3 por MMBtu, mientras que continuaba importando gas de Bolivia a US$6 por MMBtu.

La dimensión política no es menos importante. A diferencia de las importaciones de GNL, la compra de gas importado a través de un gasoducto internacional genera una gran interdependencia entre países. Por lo tanto, esta relación comercial está anclada en acuerdos internacionales. Estos acuerdos establecen garantías políticas para los contratos. En otras palabras, son garantías de que los cambios políticos internos en los países no afectarán una relación comercial cuya duración va mucho más allá de los mandatos políticos.

La venta de gas ya contratada por Brasil a Argentina ciertamente representa una ruptura en los principios políticos de la relación Bolivia-Brasil en el mercado del gas. Curiosamente, el gobierno brasileño no ha aclarado este punto a los bolivianos hasta el momento. El silencio del gobierno brasileño sobre este asunto es aún más sorprendente cuando se considera que los costos adicionales que enfrenta Petrobras por la compra de GNL para reemplazar el gas boliviano no entregado eventualmente se transferirán a los consumidores de gas.

Incluso si el gobierno brasileño mantiene su posición política, ciertamente la desviación del gas contratado por Brasil a Argentina tendrá consecuencias para el futuro de las exportaciones de gas boliviano al mercado del gas en Brasil. Por un lado, Petrobras e YPFB seguirán enfrentándose a cuatro largos años de contrato para gestionar, con un alto riesgo de comportamiento oportunista por ambas partes. Por otro lado, este episodio dejó claro a otros compradores brasileños potenciales que el cumplimiento por parte de los bolivianos de las intenciones de los contratos a largo plazo dependerá de las condiciones del mercado. En este sentido, las negociaciones de cláusulas contractuales para evitar un comportamiento oportunista serán más complejas, lo que dificultará que Bolivia venda gas a través de contratos a largo plazo.

El desvío de gas contratado por Brasil a Argentina es solo otro triste episodio de falta de respeto por los tratados internacionales en el comercio de gas en la región del Cono Sur. Desde que Argentina decidió unilateralmente cortar las exportaciones de gas a Chile, Uruguay y Brasil en 2004, no se ha construido ningún nuevo gasoducto internacional en la región. La falta de compromiso político con los contratos de compra y venta de gas firmados prácticamente aniquiló la perspectiva de integración energética regional y todos los países decidieron invertir en plantas de regasificación para integrarse en el mercado internacional de GNL.

Sobre el autor: Edmar de Almeida, profesor (licenciado) del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil e investigador del IEPUC. Es economista, tiene una maestría en Economía Industrial y un doctorado en Economía Aplicada del Instituto de Política Energética y Economía de la Universidad de Grenoble, Francia. Desde 1993, el profesor Edmar se ha dedicado a la docencia e investigación en economía de la energía, con especial interés en la organización industrial y la dinámica de la industria energética, la regulación y política energética, y la innovación tecnológica y sus impactos en los mercados energéticos.

Artículo originalmente publicado por Brasil Energia | Republicación autorizada por el autor para GNL GLOBAL.